El filósofo de la ciencia como pensador público: estándares profesionales para la Práctica Filosófica. Gabriel Donoso

orcid logo Gabriel Donoso es Profesor de Estado en Filosofía y Magíster en Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. Contacto: gabriel.donoso.u@usach.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4842-1387.

 

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Donoso, G. (2026). El filósofo de la ciencia como pensador público. Estándares profesionales para la práctica filosófica. Revista de Filosofía Homónima, 1(1), pp. 128 – 161. https://doi.org/xxxxxxx [Por asignar]

 

 


EL FILÓSOFO DE LA CIENCIA COMO PENSADOR PÚBLICO[1]

Estándares Profesionales Para La Práctica Filosófica

Gabriel Donoso[2]

Resumen

 

Sostengo que la filosofía de la ciencia recupera su legitimidad pública cuando vincula su progreso interno con formas efectivas de impacto. Para ello, reconstruyo primero la genealogía de su repliegue institucional en el siglo XX y su posterior re-emergencia como una práctica socialmente comprometida. Luego, integro evidencia reciente sobre las vías reales de influencia académica para mostrar que el impacto filosófico es fundamentalmente relacional antes que bibliométrico. Con ese trasfondo, argumento que la métrica interna más fértil para valorar el progreso filosófico es el aumento de la comprensión estructural: la capacidad de articular mapas de dependencia entre conceptos, fenómenos y prácticas que faciliten coordinación epistémica y decisiones confiables. Finalmente, propongo una ética profesional para el filósofo de la ciencia con cuatro principios operativos —integridad epistémica, colaboración horizontal, responsabilidad social y transparencia institucional—, acompañados de indicadores y métricas evaluables más allá de la citación. El resultado es un marco normativo que ofrece lineamientos institucionales para medir y exigir impacto.

 

Palabras clave: filosofía de la ciencia; impacto social; comprensión estructural; confianza epistémica; interdisciplinariedad; ética profesional.

 

 

The philosopher of science as a public thinker: professional standards for philosophical practice

 

Abstract

 

I maintain that philosophy of science regains its public legitimacy when it connects its internal progress with effective forms of impact. To that end, I first reconstruct the genealogy of its institutional retreat in the twentieth century and its subsequent re-emergence as a socially engaged practice. I then integrate recent evidence on the actual pathways of academic influence to show that philosophical impact is primarily relational rather than bibliometric. Against that background, I argue that the most fertile internal metric for assessing philosophical progress is an increase in structural understanding: the capacity to articulate maps of dependence among concepts, phenomena, and practices that enable epistemic co-ordination and support reliable decision-making. Finally, I propose a professional ethics for the contemporary philosopher of science built around four operational principles—epistemic integrity, horizontal collaboration, social responsibility, and institutional transparency—each accompanied by indicators and evaluative metrics beyond citation counts. The result is a normative framework that offers institutional guidance for measuring and demanding impact.

Keywords: philosophy of science; social impact; structural understanding; epistemic trust; interdisciplinarity; professional ethics.

 

 

  1. Introducción

Durante el siglo XX, la profesionalización reorientó la filosofía de la ciencia hacia la especialización técnica, apartándola de las preocupaciones públicas que habían motivado su institucionalización moderna. Si en los años treinta el manifiesto de la Círculo de Viena proyectaba la concepción científica del mundo como una fuerza de transformación social (Asociación Ernst Mach, 2002, p. 124), las décadas posteriores presenciaron un progresivo aislamiento institucional de la disciplina.

Suele subestimarse o ignorarse la dimensión política del Círculo de Viena. Su propuesta no fue meramente un programa teórico intraepistemológico, sino también una actitud práctica y pública mediante la cual el grupo se constituyó como un actor político reconocible, en interlocución con movimientos liberales y socialdemócratas, especialmente durante su “fase pública” entre 1928 y 1936 (Romizi, 2012, pp. 211–216). Ese compromiso, orientado a la transformación social mediante la educación científica, la laicidad y la planificación racional, se plasmó en iniciativas como la Sociedad Ernst Mach y las conferencias populares, con el propósito de intervenir en el espacio político y oponerse a fuerzas reaccionarias como el clericalismo y el nacionalismo.[3]

A mediados del siglo XX, la filosofía de la ciencia reorientó su autocomprensión. La Philosophy of Science Association (PSA, en adelante) modificó en 1959 su misión original —que incluía explícitamente promover prácticas “en beneficio de los científicos y filósofos en particular, y de las personas de buena voluntad en general”— por una puramente intra-académica, centrada en la discusión libre “desde diversos puntos de vista en el campo de la filosofía de la ciencia” (Cartieri & Potochnik, 2014, pp. 902–903). Desde entonces, la disciplina osciló entre la búsqueda del rigor analítico y la pérdida de impacto social.

En las últimas décadas, la disciplina se ha replanteado, en registros diversos, la relación entre ética profesional, prácticas laborales e impacto disciplinar.[4] Entre ellas, la filosofía de la ciencia socialmente comprometida (socially engaged philosophy of science) ha revitalizado la idea de que la reflexión filosófica puede tener efectos medibles tanto en la práctica científica como en el espacio cívico (Plaisance & Elliott, 2021). Paralelamente, estudios empíricos sobre las vías de influencia de la filosofía han apuntado a que el impacto efectivo se produce primordialmente mediante la interacción personal entre filósofos y científicos, y no solo por la circulación bibliométrica (Plaisance et al., 2021). Esto sugiere que el problema no es una falta de pertinencia, sino la ausencia de una ética profesional capaz de alinear las prácticas internas con las condiciones reales de producción de impacto.

Sostendré que maximizar el impacto filosófico exige concebir la labor del filósofo de la ciencia como una práctica socialmente involucrada. A partir de la literatura reciente sobre el compromiso social de la filosofía de la ciencia y las teorías contemporáneas del progreso filosófico, argumentaré que el núcleo de dicha ética reside en entender el progreso como el aumento de la comprensión estructural y en comprometerse con su traducción a contextos sociales específicos.

Organizo la propuesta en cuatro secciones. Primero, reconstruyo la genealogía de la preocupación por la incidencia de la filosofía (§ 2). Segundo, examino modelos de influencia académica y las tensiones entre prácticas de compromiso y estructuras de incentivo (§ 3). Tercero, reformulo el progreso filosófico como criterio de valor (§ 4). Finalmente, desarrollo los principios normativos de una ética profesional del filósofo de la ciencia (§ 5). En conjunto, sostengo que una filosofía con pretensión de impacto es aquella que hermana la precisión analítica con la responsabilidad social.

  1. De la retirada al re-compromiso: genealogía del impacto
    • La desvinculación institucional de la filosofía de la ciencia

El retraimiento de la filosofía de la ciencia respecto de la esfera pública no fue accidental, sino el efecto de una redefinición institucional de su identidad. Ello se advierte en los estatutos de la PSA: en 1948 su misión incluía promover la utilidad práctica del pensamiento filosófico y científico “en beneficio de los científicos y filósofos en particular, y de las personas de buena voluntad en general”. En 1959, esa orientación fue reemplazada por un objetivo más acotado: “fomentar la libre discusión de los diversos puntos de vista en filosofía de la ciencia”. Para 1961, las referencias al beneficio social habían desaparecido por completo (Cartieri & Potochnik, 2014, pp. 902–903).

Esta modificación simbólica condensa un giro más amplio: la filosofía de la ciencia dejó de concebirse como una actividad mediadora entre la práctica científica y los problemas humanos, para entenderse ahora como un campo especializado en el análisis lógico-conceptual. Siguiendo a Howard (2003, p. 26), es 1959 el punto de inflexión que marca la transición desde una filosofía con vocación pública hacia una comunidad académica crecientemente autorreferente. Tal retraimiento se reforzó, además, con la salida de la PSA de las reuniones anuales de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) a inicios de los sesenta, foro donde filósofos y científicos compartían paneles sobre problemas de interés público. Desde entonces, la filosofía de la ciencia se institucionalizó como una disciplina universitaria autónoma, con sus propias revistas, congresos y criterios de publicación.[5] Esto supuso un avance profesional, pero acentuó su aislamiento social y político.

La figura del filósofo como mediador externo del conocimiento científico fue impugnada por los propios filósofos, en la medida en que le atribuye una autoridad metalingüística y metodológica para fijar exógenamente el significado y uso de los conceptos (Bricmont, 2015; Feyerabend, 1963; Laudan, 1983). Tal pretensión puede interferir con la dinámica autocorrectiva de las ciencias, cuyo progreso depende en parte de revisar marcos, sustituir teorías y ensayar alternativas desde dentro. Cuando el mediador opera como custodio de un vocabulario estándar o de una “gran imagen” metodológica, tiende a favorecer una uniformidad que protege a la teoría dominante frente a la crítica. En cambio, la confrontación entre programas rivales y la proliferación de alternativas funcionan como recursos internos contra cierres prematuros.

Así, la noción de impacto filosófico se redujo al ámbito interno: la circulación de artículos entre pares y la acumulación de citaciones desplazaron el diálogo con el público y con comunidades científicas. El resultado fue un modelo endogámico de productividad, donde el éxito se mide por visibilidad académica más que por contribución social o epistémica. Esta retirada no obedeció a desinterés moral, sino a incentivos institucionales: el temor a la politización durante la Guerra Fría, la expansión del paradigma analítico anglófono y la creciente tecnificación del discurso filosófico (Reisch, 2009, pp. 14–17, 21–23, 455). He ahí la paradoja: una disciplina que esclarece la racionalidad científica sin participar plenamente en las prácticas públicas donde esa racionalidad adquiere sentido.

  • Confianza y expertise como puente

Un posicionamiento como el anterior arrastra tesis problemáticas. En particular, sugiere que la mediación filosófica equivale a una imposición externa e irreflexiva de significados y normas sobre comunidades científicas determinadas. La literatura contemporánea ofrece, sin embargo, un cuadro distinto: en numerosos casos, los filósofos no operan como árbitros que “dictan” desde fuera, sino como interlocutores técnicamente responsables que, mediante herramientas filosóficas, abordan problemas propiamente científicos y formulan propuestas que los científicos pueden evaluar, discutir o rechazar dentro de los canales ordinarios de la práctica científica (Pradeu et al., 2024). Cuando un debate se enreda por ambigüedades semánticas o por usos cruzados de vocabularios, una distinción filosófica empíricamente neutral puede revelar que parte del desacuerdo era un pseudodebate y reorientar la investigación hacia cuestiones empíricas mejor planteadas y públicamente escrutables.[6]

He aquí la clave. El compromiso público aparece cuando la filosofía de la ciencia recupera su papel mediador en la relación entre conocimiento experto y ciudadanía. Desde inicios de los 2000, la epistemología contemporánea se ha hecho eco de este giro. La confianza epistémica es condición de posibilidad de la práctica científica: sin deferencia racional hacia comunidades especializadas no hay acumulación de conocimiento, transferencia tecnológica ni orientación informada de la acción colectiva (Whyte & Crease, 2010, p. 413). El aporte filosófico, entonces, no se agota en la crítica abstracta de conceptos, sino que consiste en articular normativamente los vínculos de credibilidad que sostienen la cooperación entre expertos y no expertos. Esto desplaza la pregunta guía. La pregunta guía deja de ser únicamente “¿qué es una explicación científica?” para ser, además: “¿cuándo es racional y moralmente justificable deferir a X en Y bajo condiciones Z?”. La respuesta exige criterios explícitos y auditables.

La filosofía de la ciencia aporta aquí dos movimientos complementarios. Primero, clarifica reglas de deferencia: cuándo la ciudadanía o los decisores particulares deben confiar, desconfiar o diferir prudentemente; cuándo elevar el umbral de evidencia (e.g., en contextos de alto riesgo) y cuándo basta el mejor juicio experto disponible (e.g., bajo severas restricciones temporales). Segundo, diseña y evalúa mecanismos de confianza: las prácticas institucionales que materializan esos criterios (e.g., declaraciones de conflicto de interés, datos abiertos, informes explicativos para audiencias no técnicas, protocolos de revisión cruzada entre disciplinas). Así, la confianza deja de concebirse como un estado psicológico interno —inaccesible y volátil— para convertirse en un bien epistémico institucionalizable y evaluable.

La consecuencia metodológica es decisiva: la credibilidad se vuelve una magnitud normativa —no es un dato sociológico bruto— y requiere justificación pública mediante pautas claras. Por ello, la filosofía de la ciencia puede identificar y hacer operativos esos criterios, de modo que la confianza no sea un acto opaco, sino un compromiso justificable y auditado entre expertos y no expertos. Desarrollaré esto en § 5. Por ahora, basta con adelantar que la mediación ejercitada por el filósofo de la ciencia no se reduce a la difusión unidireccional de conceptos, sino a la articulación reflexiva de los vínculos epistémicos que sostienen la cooperación científica y democrática.

Que lo anterior no se lea como un clamor moralizante. Se trata es de institucionalizar la “confianza bien puesta”: especificar las condiciones bajo las cuales deferir es racional, disentir es responsable y explicar es obligatorio. Con ello, la filosofía de la ciencia logra impactar sin renunciar al rigor analítico, fortaleciendo las bases normativas de la credibilidad experta y aportando una infraestructura epistémica para la toma de decisiones en sociedades complejas. Si la confianza epistémica se reconfigura como un bien normativo institucionalizable, entonces la pregunta por la expertise deja de ser un problema puramente metateórico y pasa a describir un programa de intervención, empujando a la disciplina fuera de su autorreferencia y hacia los espacios donde esos estándares se negocian, se implementan y se auditan. Pero, ¿qué forma adopta ese cometido?

  • Re-emergencia de la filosofía de la ciencia socialmente comprometida

Uno de los avatares del retorno de la filosofía de la ciencia a la esfera pública cristalizó en el movimiento conocido como filosofía de la ciencia socialmente comprometida (SEPOS, abreviado en inglés). Esta corriente surge como respuesta a la percepción de que el retiro institucional del siglo XX dejó a la disciplina sin voz en los debates donde se deciden las condiciones de producción y legitimación del conocimiento científico.

SEPOS se nutre de dos líneas convergentes. Primero, la creciente autoconciencia de los científicos sobre las dimensiones sociales y normativas de su trabajo, institucionalizadas a través de distintos programas de gobernanza científica.[7] Segundo, la reflexión filosófica sobre el contextualismo en epistemología, que reconoce que los valores epistémicos se construyen socialmente y requieren instituciones que los sostengan (McKenna, 2015; Venturinha, 2018). En el cruce de ambos itinerarios, la filosofía de la ciencia encuentra suelo para recuperar su función mediadora: explicitar los supuestos normativos y conceptuales de la práctica científica, evaluar su coherencia con los valores democráticos y contribuir al diseño de políticas del conocimiento.

Cartieri & Potochnik (2014) identifican este renacer en proyectos y programas que, a diferencia de la filosofía analítica clásica, nacen directamente del contacto con comunidades científicas concretas y con respaldo institucional. Un caso destacado es el Toolbox Project, que emplea instrumentos filosóficos para facilitar la comunicación interdisciplinaria. En lugar de solo aplicar teorías filosóficas preexistentes, este crea un entorno de coproducción reflexiva donde los equipos examinan sus propias categorías de explicación, evidencia y valor. Es una práctica in situ que hace visible la función epistémica de la reflexión filosófica en contextos reales de investigación. En § 3 volveré sobre este caso.

El redescubrimiento de esta vocación pública se extiende más allá de la ciencia misma. La filosofía de la ciencia ampliamente involucrada (Plaisance & Elliott 2021) amplía el espectro del compromiso hacia el ámbito civil.[8] La idea central es que la filosofía de la ciencia puede desempeñar un papel deliberativo y normativo en la configuración de sociedades epistémicamente justas, donde la distribución de confianza, autoridad y credibilidad responda a razones públicas. Plaisance et al. (2021, p. 4877) han dado, además, evidencias premilitares de que las formas más efectivas de influencia filosófica ocurren en escenarios de interacción directa, especialmente en colaboraciones prolongadas y talleres interdisciplinarios. Estos generan comprensión mutua y fortalecen la confianza epistémica; siendo este último un recurso escaso en sociedades polarizadas y altamente tecnificadas como las nuestras.

Esta agenda reposiciona la autoimagen de la filosofía de la ciencia, devolviéndola a una visión próxima a lo que el Círculo de Viena defendía. No basta con analizar los fundamentos del conocimiento. Es preciso participar en su construcción, articulando puentes entre el análisis riguroso de los productos de las ciencias y la responsabilidad social que estos comportan. El desafío contemporáneo consiste en entender ese rigor como responsabilidad epistémica. El compromiso social no amenaza la cientificidad o el profesionalismo del filósofo: los renueva al reubicar el ideal de la claridad analítica en el terreno de la comunicación intersubjetiva, donde la precisión conceptual es condición de posibilidad del dialogo.

Cierro con una razón adicional para este re-compromiso: la creciente asunción de responsabilidades epistémicas colectivas. En las últimas décadas se ha incrementado la complejidad técnica de los sistemas de investigación y se han intensificado sus consecuencias sociales. Nunca hemos podido intervenir tanto en nuestro entorno. Frente a los riesgos de la especialización excesiva y la desconfianza social hacia la ciencia, la filosofía del siglo XXI parece demandar prácticas de integración interdisciplinaria. La ética del impacto comienza, así, con la tarea de reconectar la reflexión filosófica con los sistemas de decisión social. Ya no basta con influir mediante modelos idealizados de racionalidad, pues la credibilidad pública depende, importantemente, de intervenciones pertinentes y concretas en la orientación del conocimiento. He mencionado que las vías más eficaces de influencia son las interacciones cara a cara, los proyectos colaborativos y la formación compartida. Corresponde ahora precisar tales estrategias de impacto.

  1. Modelos de influencia y sus tensiones
    • De la difusión al intercambio: las vías reales de impacto

La noción tradicional de impacto filosófico se apoya en un modelo lineal de comunicación científica: las ideas influirían en la medida en que se difunden y son apropiadas por otros agentes epistémicos. La implementación de este modelo tiende a presuponer que la publicación y citación bastan como vehículos de transferencia conceptual. Sin embargo, esta metáfora del “viaje de las ideas” es teóricamente pobre y empíricamente cuestionable (Plaisance et al., 2021, pp. 4869, 4876–4877).[9] A partir de entrevistas semiestructuradas con 35 filósofos de la ciencia implicados en colaboración interdisciplinaria, la evidencia sugiere que el impacto más relevante no ocurre cuando la filosofía circula como producto textual, sino cuando opera como práctica situada en contextos de investigación. Allí, la intervención se realiza mediante acciones epistémicas: explicitar supuestos ontológicos, coordinar estándares de evidencia, mediar conflictos de valores, y diseñar criterios operativos de decisión. La influencia no es un efecto distal del discurso, sino un resultado de la interacción comunicativa en la que el filósofo comparte agencia en la construcción del conocimiento.

Esto exige desplazar el análisis desde la propiedad de los outputs hacia la estructura de las relaciones epistémicas. Los autores identifican que la filosofía incide con mayor fuerza cuando:

  1. participa en equipos interdisciplinarios orientados a la resolución de problemas;
  2. contribuye a la coproducción normativa, asesorando aspectos metodológicos y de diseño experimental; y
  3. interviene en instancias de formación mutua, especialmente mediante programas interdisciplinares de posgrado que integran competencias filosóficas en la educación científica.

Empero, estas formas de impacto se encuentran sistemáticamente infravaloradas por los sistemas de evaluación académica, pues no se traducen directamente en méritos cuantificables (e.g., artículos en revistas indexadas, citaciones, invitaciones a congresos y productos con autoría claramente asignable), sino en logros colaborativos distribuidos.[10] Se produce así una asimetría estructural: las prácticas filosóficas más efectivas suelen ser las menos visibles en el régimen de recompensas disciplinar, lo que instala una ética profesional implícita que desincentiva la participación pública y premia el rendimiento escritural por sobre la incidencia colaborativa.

La situación se agrava bajo la mercantilización de la publicación científica. La concentración oligopólica en la industria, donde cinco editoriales —Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis y Sage Publications— controlan más del 50 % de la producción científica, consolida un régimen en el que la progresión académica depende de acceder a esos circuitos comerciales (Larivière et al., 2015, pp. 3–7). Estas empresas operan con márgenes de beneficio superiores al 30 %, comparables o mayores a los del sector farmacéutico o bancario, monetizando trabajo académico no remunerado y vinculando el valor del conocimiento a su rentabilidad editorial (Larivière et al., 2015, pp. 10–11). Además, los precios se negocian según la capacidad de pago institucional, no según el valor epistémico o social del contenido. Lo que se publica y se lee está condicionado por barreras económicas, no por su pertinencia pública (Bergstrom et al., 2014, pp. 9425–9427).

Bajo este modelo, la filosofía que interviene en contextos sociales queda estructuralmente invisibilizada al no producir bienes evaluables en el mercado editorial que organiza el reconocimiento académico. El resultado es un modelo autorreferencial de excelencia, donde la influencia social aparece como efecto colateral y no como un propósito perseguido. De aquí la necesidad de replantear los mecanismos institucionales de reconocimiento si se aspira a una filosofía de la ciencia que intervenga con responsabilidad en la orientación de la investigación. De otro modo, esta permanecerá invisible aunque sea epistémicamente indispensable.

Antes de pasar a la sección siguiente, conviene ponderar una objeción al artículo académico como género para producir y comunicar filosofía. Reconocer que el papel de los papers en el impacto es matizable no equivale a atacar el medio como tal. Distinto es el diagnóstico de José Santos Herceg, quien, desde una perspectiva foucaultiana, entiende la hegemonía del paper como un dispositivo de control y normalización. Este impondría un modelo textual de origen en las ciencias naturales —transitorio, especializado, modesto en pretensiones teóricas y orientado a la eficiencia comunicativa— que subordina formas históricas de expresión humanística, como el diálogo, la carta, el poema o los aforismos. Operaría como un filtro de acceso a la comunidad epistémica, marginando autores no acreditados, enfoques no proposicionales y tradiciones que articulan conocimiento mediante dispositivos retóricos, narrativos o estéticos, particularmente el pensamiento latinoamericano de vocación crítica (Santos Herceg, 2012, pp. 208–213). De ahí su denuncia de la “tiranía del paper”, que devaluaría la producción local y sometería la filosofía a una lógica cienciométrica centrada en la cuantificación, la mercantilización y la competitividad, en detrimento de la densidad conceptual, el alcance histórico y la creatividad (Santos Herceg, 2020, pp. 19–20).

Salvando las preocupaciones por los incentivos mercantiles y por la centralidad de los méritos cuantificables —cuestiones que ameritan discusión—, esta denuncia incurre en una caricatura normativamente ingenua y empíricamente objetable. Frente a la hipérbole del dispositivo de domesticación discursiva, el artículo académico funciona como una infraestructura epistémica que posibilita el intercambio rápido de argumentos, el escrutinio público y la trazabilidad del impacto intra y extrafilosófico; siendo complementario —no sustitutivo— de las interacciones cara a cara (Plaisance et al., 2021, p. 4877). Rasgos como la modestia teórica, la renuncia al discurso con pretensión de absolutez, la especialización temática y la eficiencia comunicativa son virtudes epistémicas basales para una intervención filosófica estructurada que mejore la comunicación interdisciplinaria. El paper obliga a formular tesis como hipótesis revisables en un lenguaje estandarizado y accesible para filósofos y no filósofos, mitigando cuellos de botella epistémicos (O’Rourke & Crowley, 2013, pp. 1939–1944).

Para lo que nos ocupa, una filosofía de la ciencia ampliamente involucrada y socialmente comprometida exige instituciones de confianza entre expertos y ciudadanía. Aquí, el paper cumple una función doble, endosando fiabilidad epistémica y responsabilidad pública. Contra la lectura del artículo como artefacto uniformador, este opera antes como una condición habilitante que como un obstáculo para ejercitar una filosofía con impacto comprobable, evaluable y exigible. Con todo, la objeción de Santos Herceg introduce una pregunta pertinente sobre las estructuras institucionales que legitimamos; pero, tomada en sus propios términos, abre dudas retroactivas:

  • ¿qué forma de filosofía se avala al relativizar los estándares elementales de escritura, rigor y pertinencia académica?;
  • ¿qué se incentiva cuando se premia la ocurrencia vistosa y el gesto retórico por sobre un lenguaje compartido que facilite la colaboración intra e interdisciplinaria?; y
  • ¿qué entendemos por filosofía cuando se diluye la diferencia entre la investigación filosófica articulada en continuidad crítica con nuestra mejor ciencia y una filosofía de salón anclada en doxografía o en la repetición irreflexiva de tópicos importados?

Precisamente porque estas dudas remiten a los criterios y prácticas mediante los cuales una comunidad filosófica produce y distribuye legitimidad epistémica, conviene reformular el problema no solo en términos de quién tiene conocimiento, sino de cómo coordinamos estándares, mediamos conceptos y generamos confianza entre pares y con otras disciplinas.

  • Filosofía como intervención: el modelo del Toolbox Project

Resulta menester complementar el paradigma de la autoridad epistémica —que concibe al filósofo como custodio de estándares racionales— con el de la interacción epistémica. El valor del impacto filosófico ha de ligarse a la calidad de nuestros procesos de mediación, coordinación conceptual y confianza. Esta orientación no solo delimita en un sentido no trivial qué cuenta como mérito disciplinar, sino que vuelve visible una dimensión relacional del rigor filosófico, de la cual dependen tanto el progreso interno de la filosofía como su relevancia en la gobernanza epistémica de las sociedades democráticas.

Superar esta situación paradójica, en donde la filosofía de la ciencia mantiene un alto potencial de incidencia pública a la vez que resulta ser una de las disciplinas más aisladas del debate social (Conix et al., 2022, pp. 11–12), exige reconfigurar los criterios de excelencia académica. Una ética del impacto coherente debe reconocer como mérito disciplinar las prácticas colaborativas que generan confianza epistémica. Para ello, es necesario institucionalizar la cooperación como parte constitutiva del oficio del filósofo de la ciencia: ampliar las métricas de evaluación para incluir contribuciones cualitativas a proyectos interdisciplinarios, acciones formativas y aportes al diseño normativo de la ciencia; y crear espacios estables de interacción entre la filosofía y la sociedad civil. En ese contexto, resulta de interés el caso del Toolbox Project.

El Toolbox Project, iniciativa desarrollada por Michael O’Rourke & Stephen J. Crowley, constituye un caso de estudio para comprender cómo la filosofía puede interactuar epistémicamente dentro de la investigación interdisciplinaria (Eigenbrode et al., 2007; Hubbs et al., 2022; O’Rourke & Crowley, 2013). Lejos de concebirse como una consultoría ocasional o una instancia de transferencia unidireccional de conceptos, el proyecto diseña talleres estructurados donde los participantes —entre los que se cuentan biólogos, ingenieros, científicos sociales y filósofos— emplean instrumental filosófico explícito (e.g., matrices de preguntas, taxonomías de supuestos, mapeos argumentativos) para identificar y evaluar las presuposiciones que orientan su práctica científica. Este proceso no presupone consenso: parte de la premisa de que las diferencias conceptuales poseen valor epistémico cuando son identificadas y articuladas públicamente.

El impacto epistémico del Toolbox Project consiste en optimizar la integración del conocimiento mediante el alineamiento conceptual del equipo. La filosofía opera como un dispositivo metacognitivo, explicitando criterios metodológicos, clarificando el estatuto de las evidencias relevantes para cada disciplina y detectando incompatibilidades ontológicas que podrían entorpecer la cooperación. En lugar de resolver desacuerdos mediante jerarquías de autoridad o imposiciones metodológicas, el proyecto habilita procesos deliberativos que amplían la comprensión del problema investigado y de las contribuciones diferenciales de cada experto. La filosofía no produce aquí resultados empíricos directos, pero sí condiciones epistémicas para que esos resultados sean alcanzables. Junto a este componente epistémico, el proyecto incorpora un impacto ético. Reconoce que la colaboración interdisciplinaria es también una práctica de distribución de responsabilidades. Al garantizar que todas las voces disciplinarias dispongan de recursos para explicitar sus perspectivas, el proyecto fortalece la justicia epistémica interna del grupo. Además, al hacer visibles los valores implicados en la toma de decisiones, fomenta la corresponsabilidad y evita que las tensiones normativas se oculten bajo una apariencia de neutralidad.

El Toolbox Project ha mostrado impactos sociales indirectos verificables al fortalecer la coordinación interdisciplinaria en ámbitos con externalidades públicas significativas. Estudios empíricos muestran que sus talleres producen mejoras cuantificables en la comprensión epistémica mutua —donde el 84,9 % de participantes reporta mayor claridad respecto del enfoque de sus colegas y un intervalo entre 29-42 % modifica sustancialmente sus respuestas pre y pos-intervención, según el área temática (Schnapp et al., 2012, p. 471)—, lo que constituye un mecanismo proximal reconocido en la literatura de ciencia en equipo (team science) como predictor de efectividad en contextos de bienestar social (O’Rourke & Crowley, 2013, p. 1943). Asimismo, su aplicación en gobernanza ambiental ha facilitado el diálogo entre actores académicos y comunitarios para la toma de decisiones locales sobre, por ejemplo, resiliencia climática (Cwik et al., 2022). Este reconocimiento se ve reforzado por distinciones institucionales como el APA/PDC Prize for Excellence and Innovation in Philosophy Programs y el apoyo que les ha cedido la National Science Foundation.

Lo anterior comporta una primera constatación de que la intervención filosófica no solo optimiza los procesos de coordinación cognitiva en entornos científicos, sino que también contribuye de manera estructural a la formación de capacidades sociales relevantes para la toma de decisiones en políticas públicas de alto impacto, especialmente en dominios donde la integración interdisciplinaria es condición habilitante para la acción colectiva. Con todo, conviene ser prudentes. La literatura evaluativa se apoya, hasta ahora, en indicadores proximales de impacto —como la mejora en la comunicación conceptual, la explicitación de valores y la alineación metodológica— que, aunque plausibles como antecedentes del impacto social, no constituyen evidencia de resultados finales. Una agenda rigurosa debería incorporar métricas longitudinales, estudios de trazabilidad institucional de decisiones derivadas y análisis comparados que permitan estimar en qué medida estas intervenciones se traducen en cambios normativos y prácticos sostenidos, tales como el número de políticas implementadas, mejoras particulares en gobernanza científica o beneficios poblacionales medibles en el mediano y largo plazo.

  1. Progreso filosófico y estándares de valor

El renovado interés por el impacto social de la filosofía exige revisar cómo se evalúa su propio progreso interno. Se ha señalado que las métricas tradicionales —resolver definitivamente problemas filosóficos o alcanzar consenso disciplinario— son insuficientes y empíricamente insostenibles para captar el progreso en filosofía (Norton, 2023, pp. 11–12). La propuesta reciente de Dellsén et al. (2022, 2024) constituye una alternativa robusta y que me gustaría rescatar para la ocasión: el progreso filosófico consiste en aumentar la comprensión estructural, i.e., mejorar la representación de relaciones de dependencia entre conceptos, fenómenos y prácticas.

Este estándar rechaza la obsesión con las respuestas finales y desplaza la atención hacia los procesos de articulación conceptual. Por articulación conceptual entenderé prácticas que aumentan el entendimiento al construir representaciones sistemáticas y factuales de cómo un fenómeno se correlaciona con otros. Sistemáticas, porque sustituyen “bits” sueltos por una estructura amplia que muestra “cómo las cosas encajan”. Factuales, porque ese mapa de dependencias debe ser más exacto y más comprehensivo que otros previos para contar como progreso (Dellsén et al., 2024, pp. 686-687). Esto excluye logros triviales que no informan sobre dependencias existentes y explica por qué ciertas distinciones o modelos pueden ser progresivos sin requerir justificación o conocimiento en sentido fuerte, siempre que mejoren el mapa de dependencias (Dellsén et al., 2022, pp. 829-830; 2024, pp. 675-677).

Los beneficios se aprecian cuando se mezclan inadvertidamente dos consideraciones bajo un mismo término. Considérese el concepto de responsabilidad. A veces hablamos de ser responsables por las consecuencias de nuestros actos. En otras, hablamos de ser moralmente responsables incluso cuando esas consecuencias no dependen totalmente de nosotros (e.g., una omisión, una intención fallida o un accidente). Bajo una misma palabra, es fácil confundir qué consideraciones pertenecen a un tipo de responsabilidad y cuáles al otro. La articulación conceptual separa ambas nociones y permite ver qué depende de qué: cuándo importa la intención, cuándo importa el resultado y cómo cambian las conclusiones éticas según el caso. El resultado es un mejor entendimiento del fenómeno, porque distinguimos piezas antes aglutinadas.

Lo mismo ocurre si el término forma parte del lenguaje científico. Piénsese en la noción de inteligencia. Una definición usual la caracterizaría como “la capacidad resolver problemas”. Hoy sabemos que las capacidades cognitivas dependen también de factores sociales y tecnológicos, como el acceso a herramientas, el lenguaje, la educación y la cooperación. Una articulación conceptual más avanzada integraría esos elementos en un solo marco, mostrando que cierta habilidad individual depende de un entorno colaborativo o de un artefacto cultural. Gracias a ese mapa vemos cómo encajan las cosas y qué deberíamos modificar para optimizar la inteligencia humana.

Concebir el progreso como comprensión tiene una consecuencia decisiva: el trabajo filosófico aplicado no es secundario, sino un modo privilegiado de comprobar y ampliar esa comprensión. Cuando los filósofos colaboran con científicos o con instituciones, ponen a prueba su aparato conceptual y lo refinan mediante la interacción. Así, el impacto pasa a ser un indicador epistémico del progreso logrado.[11] Aquí se unifican dos dimensiones: el valor epistémico de la filosofía —la clarificación conceptual y la coordinación teórica— y su valor social —la responsabilización por nuestras prácticas científicas y deliberativas. Lo distintivo es que ambas dependen de una misma capacidad: producir comprensión compartida. La Tabla 1 organiza esta convergencia mediante un esquema bidimensional que conecta criterios internos de evaluación del progreso con criterios externos de impacto social.

Función epistémica Dimensión interna (progreso filosófico) Dimensión externa (impacto social)
Organización conceptual Claridad y coherencia de las redes conceptuales. Claridad y accesibilidad de los marcos explicativos.
Integración y cooperación teórica Capacidad de integrar perspectivas teóricas divergentes. Capacidad de coordinar actores y saberes distintos.
Gestión de tensiones Detección y resolución de tensiones conceptuales. Detección y resolución de conflictos de valor o de confianza.
Comprensión orientada a la acción Producción de comprensión compartida. Generación de decisiones informadas y confiables.

Tabla 1. Funciones epistémicas y criterios de evaluación del progreso e impacto filosófico.

Por organización conceptual entiendo la tarea de hacer explícitas las dependencias que estructuran un dominio, de modo que los términos tengan roles estables y comparables. Con ello se mitigan desacuerdos y se explicitan inferencias legítimas. En la dimensión interna, ello exige redes conceptuales claras y coherentes; en la externa, marcos explicativos accesibles sin sacrificar precisión. La integración y cooperación teórica, por su lado, consiste en articular perspectivas divergentes sin forzar el consenso, coordinando vocabularios y estándares de evidencia para que actores y saberes distintos contribuyan a ocuparse del problema relevante al caso.

La gestión de tensiones apunta a identificar incompatibilidades conceptuales y a resolverlas mediante la distinción, revisión o reasignación de cargas de justificación. En su proyección pública, la misma se aplica a conflictos de valor o de confianza, volviendo explícitos los puntos de desacuerdo y ayudando a establecer cuándo deferir, disentir o explicar es obligatorio. La comprensión orientada a la acción marca el umbral en que la comprensión compartida se traduce en reglas de decisión: fija criterios para actuar bajo incertidumbre y habilita decisiones informadas y confiables.

Quienes defienden una filosofía exclusivamente teórica suelen asociar el rigor con la clausura y la autosuficiencia disciplinar. Sin embargo, bajo esta concepción, el rigor —entendido como precisión en la mediación— es el que hace explícitos valores, supuestos y estructuras conceptuales que permiten decisiones más confiables en entornos complejos. Siendo así, el progreso filosófico se verifica cuando, al clarificar nuestra comprensión del mundo, clarificamos también cómo debemos actuar en él.

  1. Ética profesional del trabajo filosófico

Si el impacto filosófico es primariamente relacional (§ 3) y el progreso filosófico puede entenderse como el aumento de comprensión estructural (§ 4), entonces se requiere de una ética profesional que traduzca esas tesis en normas de oficio. Con ello en mente, propongo cuatro principios: integridad epistémica, colaboración horizontal, responsabilidad social y transparencia institucional (ver Tabla 2).

Principio ético Competencia filosófica asociada Indicador operativo
Integridad epistémica Rigor conceptual Clarificación de supuestos en investigación aplicada
Colaboración horizontal Mediación conceptual Integración funcional de perspectivas diversas
Responsabilidad social Deliberación pública Aporte a decisiones y políticas basadas en evidencia
Transparencia institucional Comunicación y trazabilidad Visibilización de procesos y criterios

Tabla 2. Principios de ética profesional para el trabajo filosófico.

Estos principios han de entenderse como requisitos operativos complementarios para intervenir en entornos donde se negocia la credibilidad experta y se toman decisiones bajo incertidumbre. A continuación, desarrollo qué implican en la práctica cotidiana, cómo se implementarían institucionalmente y qué tensiones estructurales enfrentan.

  • Integridad epistémica

Llamo integridad epistémica a la obligación de preservar, en contextos colaborativos y aplicados, el control de calidad epistémico de nuestras intervenciones —claridad, trazabilidad, disciplina conceptual y ajuste a la evidencia—, resistiendo presiones que incentiven la simplificación oportunista o las conclusiones no respaldadas.

Considérese un equipo interdisciplinar de salud pública evalúa un piloto de triaje algorítmico que asigna horas médicas. El desacuerdo interno no es empírico, sino conceptual: unos hablan de “precisión”, otros de “equidad”, otros de “calidad”. Una intervención íntegra consistiría en:

  • exigir definiciones operativas mínimas (¿equidad como igualdad de error por grupo, como igualdad de acceso, como no discriminación legal?);
  • distinguir niveles normativos (criterios de evaluación del modelo vs. criterios de justicia del procedimiento);
  • mapear dependencias (“si priorizamos la sensibilidad, aumentamos los falsos positivos; si imponemos paridad de error, cambia el umbral; si cambiamos el umbral, cambia la carga asistencial”);
  • proponer un protocolo de decisión que separe qué balance de pérdidas y ganancias resulten aceptable y quién está autorizado a aceptarlo.

El producto es un marco de decisión y un glosario controlado que vuelve auditables las elecciones del equipo. La contribución puede evaluarse con indicadores simples: trazabilidad —que el informe final explicite supuestos y balances—, estabilidad —que el vocabulario se mantenga consistente—, y utilidad —que el equipo reporte la reducción de malentendidos metodológicos. Un obstáculo por superar es que el reconocimiento institucional no debe entenderse como un gesto caritativo. Debe haber coautoría en informes metodológicos, un reconocimiento del rol como coinvestigador en el proyecto, y una valoración explícita en los reportes de impacto.

  • Colaboración horizontal

Llamo colaboración horizontal al principio según el cual se interviene como par epistémico —no como mero árbitro o asesor externo—, co-diseñando marcos, protocolos y criterios con los demás expertos, bajo reglas de deliberación y reconocimiento.

Pensemos en un equipo interdisciplinario de resiliencia climática integrado por ecólogos, ingenieros, científicos sociales y autoridades locales. El conflicto es la divergencia de estándares de evidencia: el ingeniero exige modelos predictivos, el ecólogo trabaja con incertidumbre irreductible, la autoridad local exige umbrales claros para actuar. Aquí, el papel del filósofo consistiría en asistir como mediador horizontal, algo materializable en un taller estructurado con tres salidas:

  • una matriz de supuestos (qué cuenta como “daño”, qué horizonte temporal importa, qué distribución de riesgos es aceptable);
  • un mapa de dependencias entre decisiones y evidencias (qué datos cambian qué decisión);
  • un protocolo de desacuerdo: cuando no hay consenso, se explicita el punto de fractura y se asigna la carga de justificación.

Institucionalmente, esto exige roles estables de “facilitación epistémica” en proyectos, con tiempo financiado y criterios de evaluación. El obstáculo más común aquí es cultural: se suele interpretar como prescindibles las habilidades de mediación “sin un papel tangible”. Por eso insisto en la presencia de productos verificables como matrices o protocolos.

  • Responsabilidad social

Llamo responsabilidad social a la obligación del filósofo de la ciencia de producir intervenciones normativamente trazables y públicamente justificables que mejoren la calidad de las decisiones tecnocientíficas con efectos colectivos, sin sustituir la deliberación democrática.

Es habitual que una agencia, al evaluar la regulación de un contaminante nuevo, cuente con evidencia incompleta. Allí la pregunta clave no es “¿qué es evidencia?”, sino “¿cuándo es racional elevar el umbral de precaución?”. El papel del filósofo involucrado consistiría en articular, mancomunadamente con los otros expertos, un marco público:

  • distinguir la incertidumbre epistémica de la incertidumbre moral;
  • explicitar criterios de severidad y reversibilidad del daño; y
  • proponer una regla de decisión con mecanismos de actualización condicional (regulación provisional, monitoreo reforzado, revisión a 12 meses).

La contribución se mide por su impacto deliberativo, aportando en la claridad de la justificación de las decisiones de cara al público, asegurando la consistencia de los criterios, y estableciendo medidas de inspección. El obstáculo estructural es la tentación tecnocrática. El filósofo de la ciencia ha de entrar como parte de una infraestructura normativa que haga la decisión más transparente, no como un sustituto de la decisión.

  • Transparencia institucional

Llamo transparencia institucional al principio según el cual los estándares, procesos y criterios de evaluación y decisión que estructuran la práctica filosófica con impacto deben quedar explícitos y ser auditables, de modo que la credibilidad se apoye en la trazabilidad y la rendición de cuentas, no en autoridad informal.

Usemos un ejemplo local. Un departamento de Filosofía adopta una pauta interna de promoción donde, además de publicaciones, se exigen al menos dos “evidencias de contribución”:

  • participación formal en proyectos interdisciplinarios con productos documentados;
  • incidencia en guías o protocolos públicos;
  • conformación de equipos (e.g., talleres metodológicos, grupos de estudio);
  • productos de vinculación con el medio (e.g., informes para audiencias no técnicas).

La fortaleza es obvia: alinea los incentivos institucionales con prácticas reales de impacto. La limitación también es evidente: puede burocratizarse. Por eso, la transparencia debe incluir mecanismos para prevenir la manipulación de métricas: revisión externa interdisciplinaria y criterios ex ante (qué cuenta como evidencia, qué estándar de trazabilidad se exige).

  • Obstáculos institucionales y tensiones reales

Este marco sólo es aplicable si se reconocen las fricciones que lo vuelven costoso. Identifico al menos cuatro obstáculos estructurales:

  • desalineación de incentivos: los sistemas de contratación y promoción siguen premiando aportes bibliométricos rápidos y penalizan el trabajo relacional lento;
  • ambigüedad de rol: el filósofo puede ser incorporado como “sello de legitimidad”, pero sin agencia real, como un consultor periférico sin incidencia en decisiones relevantes;
  • asimetrías jerárquicas y de crédito: en equipos dominados por una disciplina, la mediación tiende a la subordinación, y las contribuciones filosóficas son invisibilizadas;
  • restricciones de trazabilidad: la confidencialidad, la propiedad intelectual y los “tiempos políticos” limitan qué puede documentarse y cómo se comunica públicamente.

Estas tensiones no refutan la ética profesional que propongo, pero exigen condiciones mínimas para su implementación: roles formales con tiempo financiado, acuerdos ex ante de gobernanza y reconocimiento, criterios de evaluación que admitan evidencia documental auditables, y revisión externa interdisciplinaria. Sin estas condiciones institucionales, la ética del impacto se reduce a una declaración de buenas intenciones.

  1. Conclusión

El recorrido realizado en este trabajo demanda comprometerse con la siguiente afirmación: la filosofía de la ciencia sólo está a la altura de su objeto cuando asume plenamente la responsabilidad epistémica que le corresponde. Buscar obtener y ofrecer comprensión estructural de los contenidos y problemas que nos entrega nuestra mejor ciencia no es un ejercicio ornamental. Supone, más bien, comprometerse con las condiciones bajo las cuales las sociedades toman decisiones informadas y confiables. Allí se juega la dignidad de la práctica filosófica, en su capacidad de convertir nuestras distinciones y modelos en una orientación efectiva para quienes deben actuar bajo cotas de incertidumbre. Si la filosofía rehúye este deber, abdica de su razón de ser y se refugia en un formalismo autosatisfecho o, peor aún, en una retórica de la crítica que opera como una exención de responsabilidad.

El filósofo de la ciencia no se puede permitir sostener que rendir cuentas por el impacto social de su trabajo sea una concesión al pragmatismo. Es, por el contrario, una exigencia de honestidad intelectual para toda disciplina que aspira a establecer cómo debe ejercitarse la razón humana en contextos colectivos. Asumir una ética profesional sensible al impacto social constituye una condición relevante —aunque no exclusiva— de la legitimidad de nuestra autoridad epistémica ante la ciudadanía. El llamado, entonces, es a optar deliberadamente por una filosofía que no tema ser evaluada en su contribución efectiva a la comprensión colectiva. Rehuir esta exigencia, amparándonos en la supuesta inmunidad de la teoría frente a los criterios de la práctica, incrementa el riesgo de debilitar la vocación que dio origen a la disciplina: esclarecer y orientar el uso público del conocimiento.

Esto no niega el valor intrínseco de la investigación teórica; subraya, más bien, que en tiempos donde la confianza epistémica es un bien frágil, la ausencia de mecanismos de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas puede volver opaca nuestra contribución y erosionar su recepción pública. En tal escenario, lo que está en juego no es sólo el prestigio de la filosofía, sino su contribución a la racionalidad democrática.

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NOTAS

[1] Publicado: 29 / 01 / 2026. Revista Open Access 4.0. Artículos de la Revista Homónima (ISSN 3087-260X), Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Cómo citar: Donoso, G. (2026). El filósofo de la ciencia como pensador público. Estándares profesionales para la práctica filosófica. Revista de Filosofía Homónima, 1(1), pp. 128-161. https://doi.org/xxxxxxx[por asignar]

 

[2] Gabriel Donoso es Profesor de Estado en Filosofía y Magíster en Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. Email: gabriel.donoso.u@usach.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4842-1387.

[3] Tal compromiso no ha sido plenamente tematizado en la literatura, en parte por la lectura que redujo al Círculo a neutralidad valorativa y cientificismo apolítico (Richardson 2009a; 2009b; Sorell 1991).

[4] Un ejemplo pionero fue la filosofía feminista, especialmente en su vertiente analítica orientada a la epistemología y filosofía de la ciencia. Desde 1980, esta se ha ocupado de estudiar cómo las normas, estructuras sociales y valores —incluidos los relacionados con el género y las prácticas institucionales— configuran el contenido del conocimiento, así como las prácticas y jerarquías sociales (Anderson, 2024; Crasnow & Intemann, 2020; Grasswick, 2011).

[5] La primera reunión bienal autónoma de la PSA se realizó del 11 al 13 de octubre de 1968 en Pittsburgh (Douglas, 2010). Desde entonces, la asociación mantiene congresos bienales propios.

[6] Hay casos donde marcos conceptuales propuestos por filósofos fueron adoptados por científicos y usados para producir resultados y clarificar controversias. Véase la distinción entre replicadores e interactores para ordenar los debates sobre unidades de selección (Pradeu et al., 2024, pp. 386-388). Esto es posible cuando la alfabetización científica del filósofo es acusada. De lo contrario, la pertinencia de su intervención resulta nula (Ladyman et al., 2007, p. 10; Maudlin, 2007, p. 1).

[7] En Europa, el marco de Responsible Research and Innovation (RRI) del programa Horizon 2020 articula la responsabilidad social de la investigación (Owen et al., 2012; Stilgoe et al., 2013). En EE.UU., la National Science Foundation introdujo el criterio de Broader Impacts en la dimensión pública de la evaluación de proyectos (Holbrook, 2012; Watts et al., 2015; Drummond Otten, 2022). En Reino Unido, el Research Excellence Framework exige estudios de casos de impacto que demuestren la relevancia social de la investigación (Research England et al., 2019), mientras que el programa ELSI del Human Genome Project aborda la reflexión ética y social dentro de la práctica científica (Hanna, 1995; Dolan et al., 2022).

[8] No debe confundirse la SEPOS con la broadly engaged philosophy of science. Esta última no designa una escuela: es un término paraguas para referirse a múltiples formas de vinculación entre la filosofía de la ciencia y el mundo extra-académico. Su objetivo es mapear y fomentar estrategias de participación de diverso tipo, no necesariamente centradas en problemas de bienestar social. La SEPOS, por su parte, es una corriente específica, orientada a cuestiones sociales y de política pública (e.g., salud, educación), trabajando en alianza con los actores sociales para aclarar aspectos descriptivos y normativos de la ciencia en democracia.

[9] Entiéndase esta afirmación con cautela. No es extraño que, si un filósofo de la ciencia busca incidir significativamente en su área, deba publicar en revistas posicionadas por cuartiles del factor de impacto (e.g., el indicador JIF Quartile en WoS) para alcanzar la discusión de frontera; resultando menester que publique en revistas Q1 y Q2 de historia y filosofía de las ciencias. Desatender la relevancia de la revista pone al académico en una posición donde su trabajo no solo corre el riesgo de no ser leído, sino que además pierde acceso a instancias de alto valor, como la retroalimentación de pares selectos que las revistas de mayor prestigio pueden ofrecer.

[10] Para muestra, el Reglamento del Académico de la Universidad de Antofagasta incorpora como indicadores de investigación la publicación en revistas indexadas y la acreditación de citas (Universidad de Antofagasta, 2017, pp. 10, 12). En el contexto anglosajón, la política de Appointment, Promotion and Tenure del New Mexico Institute of Mining and Technology explicita el uso de métricas como número de citas e invitaciones como evidencia de impacto académico, vinculadas a decisiones de continuidad profesional (New Mexico Institute of Mining and Technology, 2020, p. 4).

[11] Podemos apreciar lo fructífero de este enfoque en las discusiones sobre metafísica naturalizada y metafísica analítica. En ese debate se discute cómo la fricción entre proyectos metafísicos anclados en supuestos tradicionales y los resultados de nuestra mejor ciencia puede enriquecer la discusión y promover progreso disciplinar, especialmente al sentar bases para nuevas metafísicas surgidas de un diálogo continuista y sistemático con las ciencias (Jaksland, 2023; Ladyman et al., 2007; Le Bihan & Barton, 2021; Morganti & Tahko, 2017; Silva Silva, 2025). Este número incluye, además, una traducción de Rasmus Jaksland dedicada a esta temática.

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